«Decálogo del Profesor Investigador y Docente» en el Foro «Profesor Anecado»

Reproduzco aquí un texto que he leído en el Foro «Profesor Anecado» [enlace y comentarios] que refleja la sensación que tienen muchos profesores tras haber leído el informe que la comisión de expertos ha dirigido a Wert. La copia es literal, siento la falta de originalidad, pero mi idea es darle difusión a este texto. En España el esperpento de Don Ramón siempre está a la orden del día.

«El futuro Personal Investigador y Docente (por ese orden) deberá tener en cuenta las siguientes pautas para promocionar o estabilizar su carrera profesional (que no académica):

1. Participar de la «vida universitaria» no te beneficiará en nada, por ello, abstente de interesarte por las asignaturas del grado en el que estés «apuntado», por ejemplo, o por estar en comisiones o Juntas de Centro. Tu vida universitaria debe centrarse a un despacho cómodo donde escribir (mejor en tu casa).

2. Céntrate pues en escribir, en publicar. La palabra clave ahora es SEXENIO (si lo puedes pedir). Lo demás NO importa.

3. Los cursos, proyectos de innovación, y demás actividades destinadas a mejorar tu formación docente son prescindibles. La docencia pesará poco en tu evaluación, por tanto, da igual ofrecer o no una «docencia de excelencia».

4. Da igual cómo transmitas el conocimiento, por muchos que tengas. Puedes hablar con la zeta, no saber hablar, o,ser mudo, porque siempre, al amparo del sistema Bolognese, podrás permitirte tener una actitud pasiva en clase.Tu docencia puede limitarse a mandar unos trabajos para hacer en clase o procurar no dormirte cuando los alumnos los expongan. Una buena idea sería aprovechar esos ratos para perfilar algún articulillo. Lo importante es que la poca docencia que se te va tomar en cuenta esté bien evaluada, por tanto, aprueba a mucha gente (no falla).

5. No es necesario que te vuelques en el uso de Nuevas Tecnologías docentes. Prepararte para ello te restará tiempo para investigar. El uso de WORD y del correo electrónico para mandar tus artículos a revistas de impacto es más que suficiente. Hacer bonitos PowerPoints o explorar las posibilidades de plataformas docentes solo es bueno si el tiempo invertido en ello te va a ahorrar esfuerzos para dar clase o para evaluar a los alumnos, aunque esto en realidad de igual, ya que aprobando los alumnos no se quejarán y te valorarán bien.

6. ¿Has pensado en realizar una estancia en el extranjero? ¿Qué edad tienes? Si vives en casa de tus padres y encuentras una beca (ahora hay muchas) puedes salir al extranjero, así aprovechas y escribes. Eso sí, si te vas, asegúrate de que te conservan de algún modo un sitio en tu departamento, ya que vas a tener que irte al menos tres años. Si eres profesor, habla con el Rector, a ver si te puede mantener el sueldo durante estos tres años claro, y a tus compañeros de departamento, que ahora tendrán que dar más clase si te vas, les va a encantar, aunque al menos te tendrán lejos.

7. ¿Quieres ser Decano de una facultad? Procura tener un par de sexenios y, sobre todo, ser amigo del Rector porque él es quien te nombrará. Las Juntas de Centro a partir de ahora estarán poco frecuentadas porque pertenecer a ellas no sirve de nada en el currículum y como ellas no eligen al Decano es de preveer que tampoco lo controlarán. Por cierto, ser Decano no servirá de nada para promocionarte; al contrario, podrá ser tenido en cuenta negativamente, ya que el cargo te quita tiempo para investigar. Eso sí, te da unas pesetillas y te reduce docencia. Un cargo ideal para retirarte o si no tienes ya aspiraciones de progresar.

Esto mismo es prodigable con respecto a Vicedecanos o Secretarios, aunque cuídate mucho de tener sexenio para que te puedan nombrarte como uno de ellos. Así, puesto que ocupar cargo puede ser tenido en cuenta negativamente, aléjate mejor del Decanato, será además un lugar aburrido y con poca gente, porque si para tener cargo académico es necesario tener sexenio/s y no tener ya aspiraciones, y además estar allí no cuenta, en muchos centros será difícil encontrar a gente que ocupe esos cargos. Lo más probable además es que gente joven, allí, poca haya, estarán muuuyyyyy ocupados en publicar.

8. ¿Cuantos años llevas en la Universidad? Si son muchos y no tienes o tienes pocos sexenios, date por muerto. Hay que haber sido productivo desde el principio, ya no te va a dar tiempo a compensar tu falta de actividad investigadora. Así qué prepárate una jubilación anticipada dando clases (te vas a inflar); clases que no pesarán por cierto si alguna vez te evalúan el currículum.

9. Si no eres funcionario aún, no te preocupes. Aunque tengas muchos méritos (investigadores), muchos sexenios y seas un Einstein tampoco vas a ser Titular de inmediato, o nunca lo vas a ser. Tienes que acreditarte. Y sólo se convocarán acreditaciones cuando haya plazas que las respalden. En la situación económica actual plazas habrá pocas y por tanto, también pocas acreditaciones. A esas acreditaciones por tanto acudirán masivamente gente de toda la nación (lo mismo quizá ya catalanes no), así que ten cuidado, porque si no te la dan, lo mismo el de Asturias te saca de tu puesto, ya que detrás de esa acreditación había una plaza convocada en Sevilla y a tí no te la han dado, pero a él, sí.

10. Si tienes un rato, entra en Academia 1.0 y dale al botón. Lo mismo la ya concursada Aneca se cabrea y se lía a dar acreditaciones. Lo dudo. Por cierto, centenas de compañeros tuyos lo estarán pensando, así que date prisa, porque lo mismo en esta semana lo cierran y cambias los criterios. Es lo que han recomendado los expertos. También puedes orar con el también extinto Papa para que alguna disposición transitoria te permita pasar a mejor situación, aunque conociendo la forma de legislar, por Decreto, tan famosa últimamente, no creo que esto se tenga en cuenta.

En resumen, cada situación es un mundo, pero en este nuevo mundo muchos de nosotros, yo al menos, no encontramos cabida.»

Como siempre, me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, si os apetece, en los comentarios.

El informe sobre el sistema universitario español … a Wert (y V). El voto particular de los juristas

«Toda medida de reforma del gobierno de las universidades debe poderse ubicar como nueva nota en el pentagrama de nuestro ordenamiento jurídico melódicamente, en forma que guarde la debida armonía con sus restantes sonidos.» Santi Romano.

Los dos miembros juristas del comité de expertos han acompañado el informe dirigido al Ministro Wert sobre el Sistema Universitario Público Español (SUPE) de un voto particular, una adenda en la que disienten de parte de su contenido, al que tachan de anticonstitucional. Según estos juristas, el sistema de selección del profesorado y de gobierno de las universidades sugerido por los siete restantes miembros del comité de expertos requiere cambios drásticos en la Constitución. «El marco constitucional español en materia universitaria encuentra explicación histórica y se inspira en el constitucionalismo europeo, no en el Derecho constitucional británico o norteamericano.» Por ello, trasladar los modelos universitarios anglosajones requiere «modificaciones de no poca envergadura en nuestro ordenamiento jurídico.» Confieso, que nunca pensé que «la voluntad es caminar hacia la desfuncionarización» sea anticonstitucional. Además, requiere una profunda revisión del Derecho Público en España. La verdad, yo no tenía ni idea, pero si los expertos así lo afirman quizás haya que pensar más sobre este asunto.

La adenda empieza afirmando que «el nivel docente e investigador de la mayoría de nuestros centros públicos de enseñanza superior es, sinceramente, alto. Esta realidad es conocida y reconocida por gran parte de nuestra sociedad, como acreditan los datos del CIS y de otros institutos demoscópicos. Los sondeos periódicos indican que en España el profesorado de los centros públicos es valorado positivamente por el 88% de la población y solo un 10% de nuestra sociedad lo valora negativamente.» Ello no quita que haya que buscar la excelencia, pero utilizar modelos de éxito como el MIT, Harvard o Cambridge requiere asumir riesgos jurídicos.

En cuanto al nuevo sistema de contratación de profesorado propuesto por el informe, los miembros juristas afirman que «desde un enfoque técnico jurídico, no podemos asumir sin preocupación una voluntad manifestada de caminar hacia la desfuncionarización progresiva del profesorado. Las universidades públicas en España desempeñan un servicio público.» Por ello, no es fácil «acomodar fórmulas de contratación propias del ámbito privado, pues quien contrata es una universidad pública sometida a los principios y reglas del Derecho público. La relación entre una Universidad privada y sus profesores nunca puede ser funcionarial, ha de establecerse a través de un contrato laboral. La libertad de cátedra se reconoce y garantiza en nuestra Constitución, para asegurar que el profesor-funcionario goza de la libertad científica, concebida como exención de trabas políticas y administrativas en el desempeño de su función docente e investigadora. La libertad de cátedra es reflejo, al igual que la autonomía universitaria, del gran compromiso que contrae el Estado, como Estado de cultura, con una ciencia libre y que debe preservarse, siempre y en todo caso, en el ámbito de las universidades públicas.» Por ello, «las bases sobre las que se asientan las universidades públicas son diferentes a las que tienen las universidades privadas.» Como resultado un proceso de «desfuncionarización» del PDI universitario es anticonstitucional.

Los dos miembros juristas del comité apuntan a mantener el sistema actual de selección de profesorado. «Creemos muy razonable mantener una primera fase en la selección del profesorado, que prescinda por entero de si hay o no plazas dotadas para acceder al cuerpo de Profesores Titulares y al de Catedráticos de universidad. Esa primera fase supone que el esfuerzo que despliega un joven intelectual para formarse en los departamentos de nuestras universidades o de las extranjeras a que pueda acceder, por abrir o mantener líneas de estudio o de investigación, de publicaciones de menor o mayor impacto, de pronunciar conferencias, intervenir en seminarios, dirigir o juzgar tesis doctorales, asumir la docencia con vocación y entrega, y un infinito etcétera. La selección en segunda fase, para el acceso a cualquiera de los dos cuerpos de funcionarios docentes, tiene hoy problemas señalados por la comunis opinio: en la práctica no hay una auténtica competencia entre candidatos y, la tendencia que se observa en las distintas universidades es a facilitar la concesión de la plaza al acreditado de la Universidad de origen. La realidad que se acaba de describir se observa, desde fuera, como una endogamia de los equipos universitarios.» ¿Cómo proponen corregir la endogamia del sistema? Premiando a los mejores docentes en la segunda fase de selección. «El profesor será un científico, pero en cuanto docente solo tendrá, de ordinario, una pequeña proporción de estudiantes dotados de la infrecuente vocación investigadora. De aquí que las pruebas que configuren la segunda fase de la selección para ocupar plazas en cualquiera de los dos cuerpos de profesores funcionarios han de diseñarse pensando en evaluar la calidad de la enseñanza a transmitir por los candidatos en las aulas, en sus textos y en el resto de su tarea docente.»

En mi opinión, los juristas quieren defender al área del Derecho, en la que las publicaciones internacionales brillan por su ausencia (el Derecho es propio de cada país y se publica en revistas locales). Para ello abogan por un fuerte contenido en docencia a la hora de elegir a los profesores, contrarrestando el fuerte contenido investigador que abogan los otros siete expertos del comité. «El protocolo de evaluación y selección debe garantizar la contratación de los mejores jóvenes con vocación docente por las respectivas universidades. Su papel es clave para evitar toda dosis de endogamia, porque una vez que un joven se incorpora mediante contrato a un Departamento será difícil de sustituir, aunque éste no sea particularmente capaz. La LOU introdujo las categorías relativas a los profesores permanentes en régimen de derecho laboral con el propósito de flexibilizar la plantilla del profesorado universitario. Sin embargo el resultado no ha sido el esperado. Tanto las universidades como los propios profesores contratados doctores han considerado que la situación de profesor contratado doctor es transitoria, en la práctica, una etapa previa por la que los profesores noveles caminan hacia la condición de profesores permanentes funcionarios, meta natural de todo joven profesor que busca estabilidad y cuyo fin último es gozar de la independencia que aporta ser titular de la libertad de cátedra.» Yo no lo sabía pero según estos juristas «el profesor contratado goza de un status de menor estabilidad que el funcionario y carece de la independencia de que dota a este su libertad de cátedra.»

En relación al gobierno de las universidades, como dicen que «los profesores de Derecho somos los más conservadores de todos los hombres,» recuerdan que el nuevo sistema de gobierno requiere cambiar el Derecho Público y la Carta Magna, por lo que no podrá ser aceptado por el Tribunal Constitucional. Sus argumentos a mí me parecen pura retórica, pero como no soy jurista, supongo que estarán bien fundamentados.  «El buen gobierno debe afrontarse en el caso español respetando tres grandes premisas jurídicas: a) la enseñanza superior es un servicio público de carácter nacional, cuya prestación concierne a los intereses generales de toda nuestra población y de aquí que el Estado no esté plenamente desapoderado sobre la materia; b) las competencias administrativas sobre las universidades están ampliamente transferidas a las respectivas Comunidades Autónomas, y e) la Constitución no contempla a la Universidad como una mera materia administrativa, sino también como un derecho fundamental a la autonomía. La adecuada combinación de estos tres factores supone que nuestro Derecho público ha de buscar necesariamente fórmulas organizativas complejas y a la par eficientes para ser capaces de combinar capacidad de decisión y asunción de responsabilidad.»

«Los dos profesores de Derecho que suscriben la adenda» nos recuerdan «el enorme interés que las Comunidades Autónomas tienen por el control de sus universidades: gracias a ellas pueden formar los cuadros de sus dirigentes (tanto ideológicos como operativos) y utilizarlas como plataforma de adoctrinamiento de largo alcance.» En su opinión, «las Comunidades Autónomas han de convivir con unas universidades, cuyo derecho a la autonomía deben respetar.» Por ello, están en contra «del cambio propuesto en el informe que propicia un significativo peso de la Comunidad Autónoma en el Consejo de la Universidad.» En su opinión, «esta dificultad no se soluciona con las altas dosis de autonomía meramente «semántica» y bien intencionada que puedan aliñar informes o futuras leyes.» Más aún, yo no lo sabía, pero el Tribunal Constitucional (TC) ya declaró inconstitucionales en 1987 varios párrafos de la LRU «por vulnerar el derecho de las universidades a su autonomía.» Por lo que parece «atribuían al Consejo Social funciones estrictamente académicas, vulnerando la Constitución.» Otra sentencia de 1992 también iba en la misma línea.

Por ello, «la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional nos conduce a tener que concluir que, en nuestro criterio, tanto la llamada «Universidad de Patronato,» propugnada en un informe elaborado por una Ponencia para la Generalitat de Catalunya, como la denominable «Universidad de Consejo,» defendida en este informe, pueden contener elementos que inviten a ser declarados inconstitucionales por considerar el TC, en su caso y día, que pueden conllevar una injerencia de las Comunidades Autónomas en el contenido esencial de la autonomía de las Universidades, cercenando sus potestades de autonormación, autoorganización y autogobierne, afectando indebidamente su espacio de libertad intelectual, sin el cual no es posible la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.»

En mi opinión, la exposición de la adenda parece razonable hasta que llega el momento de proponer «directrices alternativas para mejorar la calidad del gobierno de nuestras universidades.» En mi opinión, los dos juristas meten la pata hasta el fondo con «sus recomendaciones: a) el Claustro de la Universidad, cuya composición debe ser más reducida, tendrá competencia para elegir a quienes compondrán el Consejo de la Universidad de entre los claustrales cualificados al efecto; b) los miembros del Consejo de la Universidad serán claustrales pertenecientes a los cuerpos de profesores funcionarios con cualificación teórica y/o la experiencia práctica en la gestión de entes públicos, siendo elegido el Rector por el Consejo de Universidad entre sus miembros o, por mayoría reforzada tras una convocatoria pública elaborada al efecto; c) el Rector es la máxima autoridad académica y ejecutiva de la Universidad, será elegido por el Consejo de la Universidad, mediante voto secreto, por mayoría simple, de entre sus miembros o por mayoría de dos tercios tras una convocatoria pública; aconsejamos estudiar la posibilidad de que el Rector pueda nombrar a los Decanos de las Facultades y a los Directores de Escuelas, además de a los miembros de su equipo rectoral; y d) el Consejo Social se mantendrá con composición y función similar a la actual.»

En resumen, el Ministro Wert y la comunidad universitaria tendrán que dialogar para decidir qué cosas implantar entre las recomendaciones del comité de expertos, siempre que no violen la Constitución. No será fácil. Como dice Antonio Ramírez de Arellano López, Rector de la Universidad de Sevilla, en la carta que ha enviado a toda su Comunidad Universitaria «el nuevo diagnóstico, uno más, no aporta novedades importantes a reflexiones ya conocidas y ampliamente debatidas. En cuanto a las propuestas, la parte nuclear de las mismas es discutida en la adenda con profundidad y rigor por los dos reputados juristas que formaban parte de la comisión, y es valorada como ajena e imposible, o escasamente recomendable, en el ordenamiento jurídico español. Es de justicia destacar la defensa que este voto particular hace de “lo público” y de la autonomía universitaria, en su significado y logros, y de su manifestación especial en un gobierno elegido por y entre universitarios, con los matices que corresponda y con las medidas de refuerzo de la rendición de cuentas que sean oportunas, que habrá que discutir.» Por cierto, Antonio Ramírez de Arellano es Catedrático de Física de la Materia Condensada en la Facultad de Física (Doctor en Física (1991) y Licenciado en Economía (1999) por la Universidad de Sevilla).

Esta es mi última entrada sobre el documento “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español,” PDF (84 páginas) y la “Addenda al informe (voto particular),” PDF (31 páginas).

Índice de entradas:
El informe sobre el sistema universitario español que la comisión de expertos ha dirigido al Ministro Wert (I). Introducción
El informe sobre el sistema universitario español … a Wert (II). La selección del profesorado
El informe sobre el sistema universitario español … a Wert (III). La evaluación externa de la universidad
El informe sobre el sistema universitario español … a Wert (IV). El gobierno y la financiación de las universidades
El informe sobre el sistema universitario español … a Wert (y V). El voto particular de los juristas

El informe sobre el sistema universitario español … a Wert (IV). El gobierno y la financiación de las universidades

La recomendación más importante del comité de expertos respecto a los órganos de gobierno de las universidades es reforzar el papel del Rector, que será elegido y responderá ante el Consejo de la Universidad. Los demás órganos de gobierno reducirán su tamaño y, si fuera necesaria, se unificarán entre sí todos los «pequeños.» Además, recomiendan un catálogo de títulos a nivel nacional, un mínimo de alumnos por título y una reducción general de las dimensiones del sistema. En general, las recomendaciones parecen razonables, aunque será muy difícil que la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) acepte sin más estos cambios. Un punto a destacar es que los expertos afirman que ha sido un grave error la implantación de títulos de duración 4+1 en lugar de los anteriores 3+2, como han hecho otros países europeos, pero que no se puede volver atrás pues el coste sería demasiado alto. En cuanto a la financiación, como es obvio, hay que incrementarla y racionalizarla, facilitando la inversión privada y el mecenazgo. Yo destacaría el incentivo a las becas-préstamo, poco habituales en nuestro país. Permíteme unos extractos.

«Los órganos de gobierno universitario son muchos y con demasiados miembros; como resultado, los procesos de toma de decisión son largos, costosos y poco eficientes. [Hay que] mejorar y agilizar el proceso de rendición de cuentas y la profesionalidad de la gestión. Esta Comisión de Expertos cree que las universidades que opten por las reformas recomendadas progresarán más y más velozmente que las que no lo hagan. La reducida financiación de las universidades es un problema, pero no es el único problema. El cambio más significativo que se propone es la sustitución del Consejo de Gobierno y del Consejo Social por un único órgano, el Consejo de la Universidad, que es el que elige al Rector, cuya autoridad se refuerza. La figura del rector con poderes reforzados permitirá una universidad pública mucho más ágil, científica y eficaz, de la que se beneficiará la sociedad en general y los estudiantes. La cuestión no es, pues, si una universidad debe ser pública o privada para ser excelente: tal alternativa es una falacia. Lo que las mejores universidades tienen en común es un rector con capacidad ejecutiva, con notable autonomía financiera y de contratación y que, finalmente, responde ante la sociedad en su conjunto y no sólo ante los intereses de los colectivos internos de su propia Universidad. El Rector será un académico designado directamente por el Consejo de la Universidad, ante el que responde. Se recomienda que la elección del rector sea precedida de un anuncio internacional de búsqueda de candidatos, estando el cargo abierto tanto a académicos españoles como a extranjeros.»

«La Comisión considera que es esencial reducir su número, tamaño y sus atribuciones. Debe tenderse a una mayor profesionalización de las tareas de la gestión universitaria. Debe evitarse la creciente dedicación del PDI a tareas burocráticas. El PDI está asumiendo cada vez más competencias administrativas que no le son propias, en detrimento, por tanto, de la docencia y la investigación que constituyen su tarea fundamental. Se recomienda que los Departamentos universitarios se mantengan como unidades de docencia e investigación, en uno o varios ámbitos del conocimiento y en uno o varios centros. Se recomienda que su tamaño sea mayor que el actual, produciéndose fusiones si fuera necesario. En cualquier caso, se recomienda que la existencia de un departamento esté justificada por su calidad científica.»

Coincido con la comisión en que «muchos de los problemas del SUPE no se hubieran producido si España hubiera mantenido «para Bolonia» su tradicional estructura 3+2, la seguida por la mayoría de los países europeos. La reorganización de los estudios universitarios en 4 años (grado)+1 año (máster), ha sometido a las universidades a considerables tensiones para adaptarse a la nueva estructura 4+1, que aún perduran. Las actuales circunstancias de agotamiento de las universidades, producidas por esa reforma aún no concluida, aconsejan ser prudentes a la hora de realizar cambios en este aspecto. La elección para España del modelo 4+1, además de alejarnos de esos países en lugar de converger con ellos, ha planteado algunos problemas adicionales, especialmente para las carreras más largas y las que tienen una proyección profesional regulada (como las enseñanzas técnicas). Los ingenieros e ingenieros técnicos encuentran dificultades para que el nivel académico de sus títulos sea reconocido en cualquier país para el correspondiente ejercicio profesional. Lo mismo se puede decir de otras profesiones. Pese a todo, no parece aconsejable proponer en estos momentos un regreso general de los estudios al modelo 3+2, porque la tensión a la que se ha sometido al sistema universitario con el actual proceso de cambio (que dura ya más de cuatro años) ha conducido a un considerable agotamiento de la comunidad universitaria.»

La comisión «recomienda el establecimiento de un registro nacional de títulos universitarios en colaboración con las Comunidades Autónomas, que la ANECA simplifique el sistema actual de acreditación de títulos (programa VERIFICA), favorecer una reducción, reorganización o fraccionamiento del sistema de títulos, así como una reordenación de sus facultades, escuelas y departamentos, con el fin de racionalizar y maximizar el buen uso de los recursos existentes. Para evitar la multiplicidad excesiva de títulos se propone establecer un número mínimo de alumnos para que pueda impartirse un determinado título (fijado a escala nacional, flexible, distinto en función de las distintas clases de títulos, y adaptado a la demanda habitual).

«En España, los recursos financieros destinados en la actualidad a la educación superior son menores que los de los países de ese entorno. El 80% de la financiación actual de las universidades públicas españolas procede de fondos públicos, dato muy similar al observado en Francia, Bélgica, Irlanda o Portugal. [Sin embargo,] en Reino Unido sólo un 35% es de origen público, semejante al porcentaje de otros países de la OCDE como EEUU o Japón. La financiación para el sistema público universitario español debe ser: mayor, estable y que permita y garantice su desarrollo de forma planificada y sostenida. A pesar del entorno económico actual, la previsible evolución apunta al incremento de los recursos privados.»

El círculo vicioso de la universidad ha sido «la oferta docente, la principal herramienta de captación de nuevos recursos de PDI o de apoyo (PAS) que, a su vez, exigían la ampliación de la oferta docente y la búsqueda de nuevos recursos de PDI y PAS. Esto ha producido un despliegue territorial de enseñanzas plagado de duplicaciones y de títulos artificiales muy semejantes. El poco énfasis en la investigación no sólo ha perjudicado la misión investigadora de la universidad, sino que de forma indirecta ha fomentado la ineficiencia de su función docente. Pero redimensionar el sistema es un objetivo fácil de enunciar pero difícil de abordar.» La comisión recomienda a las administraciones públicas: 1) estimar la oferta universitaria por áreas a medio y largo plazo; 2) adoptar medidas para impulsar un reducido conjunto de universidades que puedan competir en el marco internacional; 3) y que las Comunidades Autónomas revisen la oferta global de sus universidades en el grado y el postgrado, analizando el equilibrio de la oferta y la demanda junto con indicadores objetivos de calidad, teniendo una especial sensibilidad con los estudios culturalmente estratégicos.»

Todos estaremos de acuerdo con la comisión en la «necesidad de una financiación pública suficiente, sostenible y estable basada en criterios de calidad y eficiencia. El gasto medio por estudiante universitario en España (unos 10.000 euros por curso) es superior al promedio de la OCDE, lo que no significa que el sistema universitario esté bien financiado en su conjunto.» La comisión recomienda «vincular la financiación asociada a la docencia de cada universidad a la empleabilidad de sus propios titulados, de forma que se cree así un incentivo adicional para mejorar la calidad de sus programas docentes.» También recomienda «establecer normas de permanencia para los alumnos y asegurar su cumplimiento evitando estancias prolongadas en los centros universitarios (teniendo en cuenta la dedicación parcial de estudiantes que simultaneen trabajo y estudios).» Así como una «mejora y ampliación de la política de becas y diversificación de los ingresos de las universidades.» El énfasis lo ponen en «las becas‐préstamo: 1) préstamos directos financiados por el gobierno, 2) préstamos indirectos financiados por el sector privado y garantizados por el gobierno, y 3) préstamos universales basados en los ingresos familiares.» Finalmente, proponen «una generosa Ley de Mecenazgo extendida a actividades científicas sería una excelente iniciativa para captar capital (business angels) para las universidades.»

La próxima y última entrada sobre el informe estará dedicada al voto particular de dos miembros de la comisión.

El informe sobre el sistema universitario español … a Wert (III). La evaluación externa de la universidad

Hace unos años, en el Rectorado de la Universidad de Málaga, el provost de la Universidad de Berkeley, California, impartió una conferencia sobre excelencia universitaria. Para mi sorpresa, lo primero que dijo fue que aunque le hubiera presentado la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica, la excelencia universitaria no tenía nada que ver con la docencia. Su charla sólo discutió la excelencia investigadora, la selección de profesorado y la transferencia de los resultados de investigación. Recuerdo que comentó que el Estado de California les obligaba a admitir en los grados un alto porcentaje (algo así como el 80%) de alumnos nacidos en California y que por tanto en los grados no podían elegir los mejores alumnos del mundo. Sin embargo, en el postgrado tenían libertad absoluta y sólo una minoría (algo así como el 10%) eran alumnos californianos (y muchos menos de sus propios grados). La excelencia universitaria empezaba en el postgrado con una selección de los mejores alumnos de postgrado del mundo. A mí me sorprendieron sus palabras y la cara de asombro de la vicerrectora.

El informe de la comisión de expertos me ha recordado esta anécdota. «La evaluación de la calidad de las universidades debe ser por razones de investigación e innovación. Introducir una supuesta «calidad de la docencia» en la evaluación como criterio fundamental sólo contribuiría a fomentar e incrementar muchos de los excesos supuestamente amparados por las reformas del Plan Bolonia. [Pero] el segundo principio fundamental de la Magna Carta Universitatum, suscrita en Bolonia en 1988 por más de 750 universidades del mundo, establece que «en las universidades, la actividad docente es indisociable de la actividad investigadora.» Tratar de separar la transmisión de conocimientos de la generación de otros nuevos no sólo es erróneo sino contraproducente, pues no favorece ni la docencia ni la investigación: la investigación acumula conocimientos y, por tanto, mejora la docencia. Es frecuente mencionar que muchos investigadores no son buenos profesores y que, por tanto, priorizar la investigación y el trabajo original no es un buen criterio de selección del profesorado universitario. La realidad es que la recíproca (que los profesores universitarios que no investigan son peores docentes) es la cierta y que, como es natural, la investigación mejora muy considerablemente la docencia. 36 y que hoy pasan.» Muchos lectores de este blog estarán en desacuerdo con estas palabras, pero yo coincido plenamente con esta opinión de los expertos de la comisión nombrada por el Ministro Wert. «Hay que identificar la investigación excepcional («world leading»), que es la que distingue las universidades excelentes.»

Estoy de acuerdo con los expertos en que es falso que «la creación repetida de centros que imparten iguales enseñanzas es socialmente buena per se. Fomenta la errónea creencia de que lo mejor es tener la Facultad o la Escuela tan próxima como sea posible, obviando que lo más importante no es el lugar donde se estudia, sino la calidad de la enseñanza que se recibe.» Me ha resultado curiosa la «analogía [con] un partido de fútbol; lo que cuenta para decidir el partido no es el número total de pases entre jugadores de un equipo (universidades donde se publican muchos trabajos), sino los goles que mete (universidades donde se realizan trabajos excelentes que hacen avanzar el conocimiento y que producen tecnología y patentes innovadoras).»

No tengo ninguna crítica a este apartado del informe. Comparto la mayoría de las opiniones expresadas por la comisión y sus recomendaciones, aunque obviamente requieren una inversión en financiación. A coste cero son imposibles de implantar. Sólo unos breves extractos. «Toda evaluación de la calidad de las universidades debe ser: a) completamente externa; b) lo más objetiva posible; c) lo más sencilla y económica posible; d) pública, con gran difusión del resultado; y, finalmente, e) debería tener consecuencias para la financiación de las universidades y de sus centros (Facultades, Escuelas, Institutos, etc.). La calidad de una universidad favorece la empleabilidad de sus egresados, información que se recomienda dar a los estudiantes, por lo que se recomienda establecer un «observatorio nacional de empleo de los egresados universitarios.» [Más aún] no es recomendable que todas las universidades sean generalistas y reproduzcan el mismo patrón. La especialización debería ser una de las claves de la sostenibilidad, buen funcionamiento y mejora de las universidades. Se recomienda evitar la duplicación innecesaria de centros y títulos reorganizando, y en su caso suprimiendo, centros y departamentos si fuera conveniente. Se requiere una racionalización de la oferta académica bajo criterios de mayor calidad y eficiencia.» Yo hubiera comentado también la reorganización del listado de áreas de conocimiento.

También «es imprescindible mejorar la internacionalización de las universidades en todas sus facetas (profesorado, estudiantes, investigación, doctorados, convenios de cooperación, parques tecnológicos, etc.). [Además, hay que] recordar lo importante de la relación con las universidades de Iberoamérica, un factor adicional en la internacionalización de las universidades españolas.»

PS (18 Feb 2013): Supongo que muchos ya conocerán el U-Multirranking creado por la UE para medir la calidad de las universidades, que ha nacido con muchas críticas. «Su idea es crear un ranking con información en cinco áreas distintas: la reputación de la investigación, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, la internacionalización, el éxito en la transferencia de conocimiento (por ejemplo, asociaciones con empresas y start-up), y la contribución al crecimiento regional. Esperan que se inscriban en el proyecto unos 500 campus de Europa y de todo el mundo y que la primera edición se publique en 2014.» Críticas en J.A. Aunión, «Un grupo de presitigiosas universidades rechaza el ‘ranking’ impulsado por la UE. La Comisión Europea lanza un proyecto para competir con la clasificaciones más famosas,» El País, 17 Feb. 2013.

El informe sobre el sistema universitario español … a Wert (II). La selección del profesorado

La selección del profesorado es clave para garantizar la calidad de una universidad. La comisión de expertos recomienda cargarse la ANECA (relegarla sólo a contratar profesorado no funcionario), reforzar la CNEAI (que concede los sexenios que deberían servir para todo) y volver al sistema de habilitación introducido por la LOU cuando era Presidente Aznar. La clave es prevenir la endogamia, algo que la habilitación no logró, por lo que la comisión recomienda medidas como que un doctor no pueda ser profesor en su propia universidad (salvo que haya estado 3 años fuera). Todas estas medidas ya fracasaron (y hace menos de una década, qué desmemoriados son los miembros de la comisión de expertos). ¿Por qué recomendar lo que ya fracasó? En mi opinión, los expertos de la comisión tienen muy poca imaginación. Volver a un sistema que fracasó sin alterar las condiciones de contorno que llevaron a dicho fracaso no tiene ningún sentido.

Hay cosas en el informe que me gustan, como que la gestión no sea tenida en cuenta en la promoción del profesorado, pues basta que esté bien pagada, pero hay muchas otras cosas que me disgustan. Entre estas últimas, yo destacaría el maltrato a los jóvenes y la ausencia de una sólida carrera docente e investigadora. Tratar de imitar el sistema de contratación de profesorado de las universidades privadas de EEUU sin eliminar la figura del profesor funcionario no tiene ningún sentido. El gran problema de la universidad española no es la endogamia, sino el funcionariado. En mi opinión, todo profesor, incluidos los miembros de la comisión, que se les ve el plumero y ninguna de sus recomendaciones les afectan, salvo a favor, deberían ser evaluados cada cierto tiempo (pongamos cinco o seis años) y sólo si superan dicha evaluación mantener su plaza como PDI permanente. Cualquier alternativa que mantenga la «mierda» en un sistema «podrido» será un simple lavado de cara a gusto de los burócratas, pero que no servirá absolutamente para nada.

Permíteme unos extractos del texto (aquí tienes la versión completa). Para la comisión, la selección del profesorado es una de las claves hacia la excelencia. «Las universidades deben tener capacidad para aprovechar las oportunidades y captar profesores e investigadores de primera fila con facilidad y sin importar de su origen. Actualmente esto es muy difícil, incluso imposible en la práctica, con el actual sistema de acreditaciones de la ANECA.»

Lo más urgente sobre el PDI permanente y funcionario. «Modificar el baremo y el procedimiento de las presentes acreditaciones no presenciales de la ANECA, por ser muy inadecuado. Una vez establecido el sistema de acreditaciones públicas nacionales, la ANECA perdería sus actuales competencias como agencia acreditadora del PDI de las universidades (programa ACADEMIA). Esta competencia se mantendría en el caso de doctores contratados por las universidades tanto públicas como privadas. Los acreditados por la ANECA aún sin plaza en una universidad pasarían a estar equiparados a los acreditados por el nuevo sistema de acreditaciones públicas, con idénticos derechos.»

«Esta Comisión recomienda que la gestión no sea valorada como mérito para las plazas de PDI, pues no forma parte del bagaje intelectual necesario para ser un buen profesor e investigador. Se recomienda que la gestión tenga incentivos económicos adecuados así como la tradicional disminución de obligaciones docentes. Los complementos temporales por cargos de gestión no deberían ser consolidables en ningún caso. La excelencia docente e investigadora de un posible gestor puede favorecer su gestión académica, al menos por la especial sensibilidad que cabe suponerle para la docencia y la investigación, pero la recíproca es falsa. Premiar la gestión per se sólo ha promovido que se genere más gestión y burocracia cuyo fin es proporcionar «méritos» por gestión al CV de quienes participan en ella, en detrimento de la docencia y la investigación.»

Me gusta, pero se me ve el plumero, que la comisión «recomiende incrementar muy considerablemente los puntos por méritos investigadores y de transferencia (por ejemplo, al 85% del total o, al menos, 20 puntos por sexenio de investigación a título orientativo). El baremo de la ANECA otorga 55 puntos por ‘investigación’ (el máximo hasta para un Nobel), 35 por «actividad docente y profesional» y 10 por «gestión, administración y otros méritos.» Incluso el Einstein de 34 años que en 1913 aceptó su cátedra berlinesa hubiera tenido dificultades si se le hubiera juzgado con el baremo de la ANECA.» También se menciona que el baremo actual «no permitiría acreditar como catedrático a más de un premio Nobel y que perjudica muy especialmente a los jóvenes más brillantes.» Por otro lado, la comisión recomienda «reducir complementariamente (por ej. al 15%) los méritos por «docencia.» Siendo inapropiado valorar los méritos docentes por el número de años que el candidato ha dado clase o por los cursillos de «innovación educativa» que ha seguido (de hecho, estos «méritos» están generando la proliferación de «cursillos» sin valor alguno).» Junto con la eliminación por completo del baremo los «méritos por gestión,» estoy completamente de acuerdo con la Comisión en este punto. Pero repito, muchos diréis que se me ve el plumero.

Un punto con el que no estoy del todo de acuerdo es que se pretenda mantener el sistema de áreas de conocimiento, algo que no tiene ni pies ni cabeza se mire por donde se mire. En el programa ACADEMIA de la ANECA se mete a todas las áreas de conocimiento similares en el mismo cajón, la macroárea de conocimiento, de tal forma que «los «expertos» [que evalúan los CV de los candidatos a acreditación] sólo pertenecen al campo general [las macroáreas de conocimiento], pero no son necesariamente especialistas (del área de conocimiento específica del candidato), algo imprescindible para juzgar con conocimiento de causa.» En mi opinión, las áreas de conocimiento son un lastre para el sistema y habría que deshacerse de ellas en pro de los departamentos o de los centros.

A medio plazo, un cambio en el acceso a las plazas de PDI permanente y funcionario: «Reforma del acceso a las plazas de PDI permanente por medio de dos vías: (1) acreditaciones públicas nacionales en los dos niveles actuales de profesor funcionario titular (TU) y catedrático (CU); las universidades seleccionarían después a los acreditados como hasta ahora. Y (2) la contratación directa e indefinida por las universidades de doctores españoles y extranjeros, también como CU y TU, sin restricción; no sería necesaria la acreditación previa de la ANECA. Según la actual LOMLOU, el PDI contratado puede alcanzar el 49% del total de PDI de la universidad (aunque actualmente sólo representa el 15%).»

El vía (1) es un retorno al sistema de habilitación introducido por la LOU. Las novedades que se introducen son meros lavados de cara, como «que sólo formen parte de las comisiones los profesores permanentes que tengan concedido un número de sexenios próximo al período de tiempo necesario para obtenerlos, con un mínimo de dos,» o que «en el caso de que el número de candidatos fuera superior al triple de las acreditaciones públicas convocadas, la comisión procedería a seleccionar previamente entre ellos un número igual al triple de esas acreditaciones.» En la vía (2) destacaré que «los profesores contratados por esta vía serían elegibles para cargos académicos como los funcionarios, y podrían tener igualmente sexenios y complementos por docencia (quinquenios).»

El informe está lleno de frases vacías de contenido, como que «la comisión recomienda especialmente evitar la situación que viene repitiéndose desde hace decenios, la alternancia de períodos de relativa abundancia y de otros de gran escasez de plazas, que conduce a que el SUPE no seleccione sólo a buenos candidatos en el primer caso y a que se pierdan muchos de éstos en el segundo.» Muy bien, pero cómo se logra; según la comisión basta seguir sus recomendaciones, pero ni los miembros de la comisión se creen lo que están diciendo. ¿Por qué los «complementos salariales para el PDI» deberían estar «ligados al rendimiento investigador en su conjunto (Centro, Departamento, Instituto, etc.)»? Según la comisión para «que se incentive la selección de los mejores.» ¿Para qué sirve que quien trabaje más gane más sueldo para quienes no trabajan nada? En mi opinión, pagar más a quien más trabaja es necesario, pero los que trabajan menos no deberían recibir beneficios.

Las medidas para prevenir la endogamia en el informe no tienen ni pies ni cabeza. La endogamia está dentro del sistema y hay que extirparla, no basta con perjudicar a los más jóvenes. Se nota que en la comisión de expertos no había ningún joven. La comisión «recomienda impedir cualquier tipo de contratación por una universidad de un doctor propio, salvo que éste hubiera estado previamente vinculado a otra universidad, institución académica o centro investigador reconocido, español o extranjero, por un período no inferior de 3 años.» Además, que «las convocatorias de plazas de PDI deberían ser internacionales y las vacantes deberían aparecer en inglés en las webs de las universidades y en una sección especial de la web del Ministerio tipo Open positions in Spanish universities.» O rescatar el Programa Ramón y Cajal, pero con otro nombre tenure track. «Esta Comisión recomienda que las universidades ofrezcan contratos a doctores por un tiempo de cinco años con la indicación de que esas plazas podrían transformarse en plazas permanentes de PDI contratado doctor. Para favorecer a los jóvenes brillantes, la transformación de ese contrato en indefinido como profesor titular contratado, requeriría que la labor realizada por el doctor en esos cinco años fuera de elevado nivel científico.»

Obviamente, los que disfrutamos de muchos sexenios agradecemos que la comisión recomiende que «los tramos de investigación de seis años o «sexenios» deberían estar mejor retribuidos (y de forma creciente, más el segundo que el primero, el tercero que el segundo, etc.) y con independencia del cargo (titular o catedrático) con el que se hubieran obtenido; además, se puedan conceder con independencia del tipo de dedicación del PDI (i.e., a todo funcionario o contratado que los solicite) de forma que no estén limitados a los funcionarios; y, finamente, que no estén limitados a los seis actuales.» Supongo que el PDI que tenga pocos sexenios estará en contra de esta medida, pero a mí se me ve el plumero. Otra cosa diferente es que la comisión recomiende que los sexenios se utilicen para todo. «Se recomienda el uso de los sexenios como criterio básico para ocupar cargos académicos de responsabilidad. Para los cargos de Rector, Vicerrector, Decano y Director de Escuela o de Departamento se recomienda tener al menos 3/2/2/2 sexenios respectivamente, que deberán estar «vivos».» No sé, pero yo creo que los gestores, para ser buenos gestores, deben dedicarse sobre todo a la gestión y no a falsear sus CV con sexenios obtenidos con el esfuerzo de otros.

Me gusta, aunque veo poco factibles, algunas recomendaciones al estilo anglosajón como que «las universidades deben tener capacidad para mejorar los salarios de su PDI permanente y para captar talento y/o retener a los mejores, estableciendo incentivos, incluso de forma negociada con los interesados, y ello por razones de excelencia investigadora.» Y también «la creación de cátedras especiales con nombre (cátedras extraordinarias o «named chairs»). Sería deseable potenciar el mecenazgo, con un trato fiscal muy generoso.»

Sobre los Profesores Ayudantes: «Es conveniente que las universidades incrementen la oferta de Profesores Ayudantes, con una ocupación de las plazas muy limitada en el tiempo y absolutamente improrrogable. Su escasez actual es resultado de la errónea premisa de que todo Profesor Ayudante debe acabar siendo Profesor Titular, lo que ha llevado a las universidades a no ofrecer plazas de Profesores Ayudantes pese a que pueden constituir el primer paso de una carrera académica.»

Sobre los los Profesores Asociados: «Deberían responder al espíritu y la letra de la LOMLOU (profesionales muy cualificados que se prestan a ofrecer temporalmente su experiencia o especiales conocimientos a las universidades).»

Sobre los Profesores Eméritos: «Se debe incidir más en los méritos investigadores, requiriendo al menos cuatro tramos de investigación o sexenios reconocidos. Se recomienda que la condición de emérito sea concedida de forma automática a todo candidato con seis sexenios.»

Sobre el Personal de Administración y Servicios (PAS): «Mejora de la selección y eficacia del PAS introduciendo criterios de calidad y de rendimiento específicos para el PAS.» Por cierto, me ha hecho un poco gracia, pero es una gran verdad. «Evitar la actual «PASificación» del PDI que, desde hace años y al amparo de las mal llamadas «nuevas» tecnologías, está asumiendo cada vez más funciones administrativas que no le son propias.» Una gran verdad.

En resumen, me gusta que se recomiende un cambio en el baremo del programa ACADEMIA de la ANECA y que se recomiende reforzar las plazas de profesor permanente no funcionario, pero creo que la contratación de profesorado en el SUPE necesita un cambio más drástico y mucho mejor pensado.

El informe sobre el sistema universitario español que la comisión de expertos ha dirigido al Ministro Wert (I). Introducción

La comisión de expertos ha hablado. El proceso no ha sido fácil. Nombrada el 13 de abril de 2012, han enviado el informe al Ministerio el 12 de febrero de 2013 (se hizo público el 15 de febrero). La comisión sufrió dos abandonos («por razones personales») entre sus once miembros iniciales y además un voto particular de dos de ellos (que acusan de anticonstitucional las propuestas del informe para la selección de profesorado y para la gobernanza de las universidades). Como resultado tenemos un informe con cuatro puntos, dos de ellos firmados por nueve miembros y otros dos firmados por sólo siete. Un informe que ya está provocando enormes críticas y aún no ha empezado a ser debatido en serio. ¿Qué hará el Ministro Wert con este polémico informe? El anuncio oficial en «La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español entrega el documento con sus propuestas al Ministro José Ignacio Wert,» MECD 15 Feb 2013; el documento «Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español,» PDF (84 páginas) y la «Addenda al informe (voto particular),» PDF (31 páginas).

Te lo confieso, yo me leí el informe el pasado viernes por la noche, después de cenar. Mi opinión ya lo ofrecí en Twitter. Hay cosas que me gustan y otras con las que disiento. Pero lo que tengo seguro es que lo que haga el Ministro Wert no tendrá nada que ver con este informe. El informe es papel mojado. Hoy he vuelto a leerlo (lo sé, lo sé, llámame masoquista). Permíteme destacar algunos puntos extrayendo trozos del texto. Espero que quienes no se molesten en leer el informe puedan tener una idea clara de su contenido gracias a estos extractos.

El informe estudia la situación del Sistema Universitario Público Español (SUE) aunque sus recomendaciones serán de aplicación sólo al Sistema Universitario Público Español (SUPE). Como era de esperar, el informe empieza con una frase de cara a la galería. «El progreso del SUE desde la transición a la democracia ha sido enorme y su papel ha sido extraordinario en el desarrollo cultural, económico y social del país; en suma, en el bienestar de los españoles. Nuestras universidades han avanzado mucho desde la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, pero aún podían haber progresado más incluso con la modesta financiación que reciben. España necesita con urgencia generar un crecimiento sostenible que permita reducir drásticamente el desempleo, disminuir su fuerte endeudamiento y hacer frente a la presión de los cambios demográficos a los que se ha de enfrentar en el curso de este siglo. La principal fuente del crecimiento económico son las nuevas ideas. En opinión de esta Comisión de Expertos, el sistema universitario español requiere una profunda reforma para cumplir adecuadamente esas dos tareas: la formación de la juventud y la generación de nuevas ideas y conocimiento.»

¿Cómo sabemos que el SUE no funciona bien? El primer argumento siempre es el mismo (todos estamos cansados de oírlo una y otra vez), la falta de Premios Nobel. «La falta de universidades españolas de excelencia es incontrovertible. Por lo que se refiere a la mencionada generación del conocimiento, España no ha tenido un sólo premio Nobel científico desde hace más de un siglo: el único lo obtuvo Santiago Ramón y Cajal en 1906. En el polo opuesto se puede situar al Trinity College, con 32 premios Nobel, pese a ser sólo un College entre la treintena que tiene la Univ. de Cambridge (la universidad con más premios Nobel del mundo). Lo mismo sucede si examinamos el número de patentes: el sistema universitario público español tuvo 401 en 2010. Como comparación, un solo profesor del MIT, Robert Langer, tiene 811 patentes a su nombre, que han sido usadas por 250 empresas y han dado lugar a 25 nuevas empresas.»

El segundo argumento en contra es más razonable (lo que no quita que también sea discutible), la empleabilidad. «Las universidades no preparan a los jóvenes suficientemente para encontrar un trabajo adecuado al título que reciben. Entre los 27 países de la UE27, España es el país de Europa con menor tasa de empleo para titulados con educación terciaria, el 53%, porcentaje sólo igualado por Turquía y a comparar con el 66% de media para la UE27. Pese a que desde 1996 hasta el 2010 ha habido booms, crisis, recesiones, burbujas y pinchazos, la proporción de titulados universitarios que tiene un trabajo adecuado a sus estudios sólo ha oscilado entre el 46% y el 48%. Toda reforma universitaria debe estar encaminada a prestar un mejor servicio a los estudiantes y a la sociedad española en su conjunto, pues la universidad debe estar al servicio de los ciudadanos que la financian, de la sociedad, no de sí misma.»

Muchos agradecerán una breve estadística sobre el SUE (sobre todo los que nunca se han preocupado por estos temas). «Hay 50 universidades públicas y 31 privadas; de las 50 universidades públicas, 47 son presenciales, una no lo es (UNED), y dos son especiales (UIA y UIMP); de las 31 privadas, 5 no son presenciales. Hay 236 campus universitarios, ubicados en municipios diferentes, que ofrecían (datos del 21 Sep 2012) un total de 2541 grados universitarios (= 1972 + 569, univ. públicas + privadas), 3292 (= 2607 + 685) másteres oficiales y 1751 (= 1564 + 187) doctorados. En total, en el curso 2011‐12 había 1.469.653 estudiantes, un 3% más que en el curso anterior. El profesorado con vinculación permanente a las universidades públicas está hoy compuesto de a) catedráticos de universidad (CU) y profesores titulares (TU), que son funcionarios, y de b) doctores contratados de forma indefinida. Al grupo de funcionarios (CU y TU) hay que sumar los catedráticos y titulares de escuela universitaria (CEU y TEU), cuerpos hoy en proceso de extinción. La distribución actual es la siguiente (datos del 17 Oct 2012): Funcionarios, 11748 CU y 30876 TU, lo que da un factor CU:TU de 1:2,6. A éstos hay que sumar 1411 CEU y 7066 TEU; en total, 51101 funcionarios. A estas cifras hay que añadir (datos del 1 Ene 2011) 1095 interinos de estos cuerpos, 9 (CU), 895 (TU), 1 (CEU) y 190 (TEU). PDI doctor con contrato indefinido: 8556 (incluyendo «contrato fijo discontinuo»), un 15% del total de PDI permanente. PDI con contrato de duración determinada: 42266. Por otro lado, hay más de cinco mil acreditados sin plaza (octubre de 2012) por el programa ACADEMIA de la ANECA (que según la Comisión no presenta las debidas garantías académicas ni jurídicas que garanticen la selección de los mejores). Hay 1853 acreditados como CU y 3253 como TU aún sin plaza. Además, ya es PDI funcionario un total de 10592 acreditados, correspondientes a un total de 3972+3380 titulares y 3240 catedráticos, que representan el 67.5% de los acreditados. Los 5106 acreditados sin plaza citados en el texto representan el 32.5% restante. La tasa de éxito en las acreditaciones (evaluación positiva) es alta, de casi el 69% para CU y del 67.2% para TU respecto del total de evaluados.»

El informe de la comisión cae en los tópicos de siempre. ¿Cómo medir la actividad investigadora del PDI en el SUPE? En base a los sexenios («tramos de investigación» de seis años) que sólo pueden ser obtenidos por el personal docente e investigador (PDI) funcionario (unos 51.100 en total). «Las cifras no son alentadoras: el 37.6% del PDI funcionario no tiene ningún sexenio, el 20% sólo posee uno y el 18.4% tiene dos sexenios reconocidos. Por tanto, más de la mitad (el 57.6%) del PDI funcionario tiene un sexenio reconocido o ninguno, es decir, tiene una actividad investigadora nula o casi inexistente. Al margen de las posibles matizaciones y de la cautela con la que siempre hay que considerar datos de este tipo, es evidente que el panorama de la investigación en las universidades españolas es manifiestamente mejorable.» El informe arremete contra «la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que afirmó que en el ámbito de la investigación, la producción científica española es la novena mayor del mundo: España genera el 3.4% de la producción global. Dos tercios de esta producción científica es generada en las universidades. Un resultado más que notable si consideramos que España sólo invierte en I+D+i un 1.38% de su PIB, muy lejos del 2.3% que es la media de la OCDE. Ello revela una eficiencia extraordinaria: con poco, hacemos mucho.» Según el informe, «el problema, obviamente, es que esa productividad sólo mide el número y no la calidad e importancia de las publicaciones; es decir, mide muy poco.» De nuevo, la comisión mira a lo que más brilla. «El número de trabajos publicados por premio Nobel en una universidad de élite es, más o menos, de unos 12000. Si el criterio del número fuera aplicable a nuestro país, España habría obtenido varios premios Nobel en 2011.»

El contenido del informe sigue las siguientes líneas. «Una universidad vale, sobre todo, lo que vale su personal docente e investigador (PDI). Por tanto, la selección del profesorado (cap. I) es el aspecto más importante para dos de las funciones esenciales de la universidad, docencia e investigación, es decir, para la transmisión y la generación de conocimiento. Una buena selección del PDI contribuirá decisivamente a la calidad de la universidad y al servicio que ha de prestar a la sociedad. La evaluación externa de las universidades (cap. II), pública y fácilmente consultable por los alumnos y por la sociedad en su conjunto, obligará a las universidades a competir más en la selección de su alumnado, basada en el mérito y asociada a un sistema de becas adecuado y suficiente (la Comisión recomienda que se potencie el distrito único). También hay que reformar el sistema y los órganos de gobierno de las universidades (cap. III), así como el procedimiento de selección de los cargos unipersonales (rector, decanos, etc.). Todos los informes previos sobre el SUPE coinciden en que éste es un punto clave. Como el buen funcionamiento de una universidad depende de su financiación (cap. IV), el informe propone un considerable incremento de los fondos como condición necesaria, pero no suficiente, de la mejora de las universidades.»

En las próximas cuatro entradas hablaré del contenido de cada uno de los cuatro capítulos. Lo siento a quienes aburran este tipo de asuntos.

Qué es lo que queremos: Premios Nobel o transferencia tecnológica

Mucha gente se lamenta de que las universidades españolas están mal posicionadas en los rankings internacionales (Shanghai ARWU, TIME WUR), destacando que no hay ninguna entre las cien primeras. Factores importantes en la posición en estos rankings como el número de Premios Nobel que son profesores y/o han sido alumnos de dichas universidades nos colocan en una posición muy deficiente. Por otro lado, hay mucha gente que lamenta que haya poca transferencia tecnológica, innovación y pocas spin-off desde la universidad. La investigación básica conduce a Premios Nobel, mientras que la investigación orientada a la transferencia conduce a spin-off. El Gobierno tiene que decidir qué es lo queremos.

El mejor ejemplo de esta dicotomía es la época dorada de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EEUU entre los años 1964 y 1972. Se lograron nueve (9) laureados con el Premio Nobel. ¿Cómo lo hicieron? Nos lo cuenta Jeffrey S. Flier (Dean of the Faculty of Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA, USA), «Creating a Nobel Culture,» Science 339: 140-141, 11 January 2013, y Joseph L. Goldstein, Michael S. Brown, «A Golden Era of Nobel Laureates,» Science 338: 1033-1034, 23 November 2012. Permíteme un resumen breve de sus ideas (frases sueltas, recortadas y cambiadas de orden, pero tratando de mantener el sentido original).

«En aquella época, los institutos del NIH era un lugar privilegiado, de ensueño, para la investigación biomédica. El entorno científico era embriagador, los recursos de investigación parecían ilimitados y la excelencia científica alcanzó los extremos más altos. Muchos investigadores que se educaron en ese ambiente ahora lideran la investigación biomédica y la medicina académica en EEUU.

No existía la tensión entre investigación básica y transferencia. Sencillamente, no se hacía investigación orientada a la transferencia. Aunque muchos descubrimientos básicos de aquella época tuvieron un impacto clínico, la transferencia no era un objetivo en el NIH. Todo se centraba en la investigación fundamental.

Por supuesto, había muchos estudios sobre las rutas moleculares, celulares y fisiológicas que estaban destinadas a comprender ciertas enfermedades. Pero en los institutos del NIH había muy pocos pacientes, con preferencia los que padecían enfermedades raras y complejas, las enfermedades que podían estimular las investigaciones básicas de las rutas moleculares que interesaban a los investigadores.

En aquella época se dedicaba mucho tiempo a tareas que ahora parecen improductivas. Toda investigación era evaluada por su novedad, importancia e impacto de las ideas generadas. La motivación de los científicos estaba orientada a entender los procesos entre moléculas y células, en lugar de tal o cual enfermedad. Más aún, en aquella época la educación en las facultades de medicina y los programas de doctorado asociados estaban orientados a la formación de investigadores. Todo el mundo esperaba que los mejores y más brillantes de los estudiantes graduados siguieran una carrera investigadora impulsada por la curiosidad y cuyo objetivo era hacer ciencia con mayúsculas. Se respiraba la pasión por la investigación fundamental. El camino del éxito eran los descubrimientos biológicos, porque su aplicación para mejorar la salud de la población era labor de otros.»

¿Qué queremos que sea el CSIC en España? ¿Qué queremos/exigimos de las universidades españolas? La palabra excelencia rellena la boca de mucha gente. En mi opinión, hay que elegir entre formar profesionales excelentes o excelentes investigadores. No se puede tener de todo como en botica. El gran problema de la mal llamada «fuga de cerebros» no es que emigren los profesionales excelentes, sino los excelentes investigadores. Si el Gobierno de España quiere que las universidades se posicionen mejor en los rankings, debe evitar la emigración de los excelentes investigadores, los que acaban obteniendo Premios Nobel.

¿Qué opinas al respecto?

Atención, pregunta: ¿Puede una universidad española convertirse en un referente a nivel mundial?

Un amigo me recomendó leer a José Canosa, «Una universidad española de nivel mundial,» FAES, Cuadernos de Pensamiento Político, octubre/diciembre, 2011. Permíteme un breve resumen para incentivar su lectura a todos los interesados en una crítica razonable al Proceso de Bolonia y su efecto sobre la Universidad Española.

«El Proceso de Bolonia ha formulado un modelo de educación superior basado en tres niveles –grado, máster y doctorado–. Este modelo concuerda exactamente con el estadounidense, en el que de los tres títulos equivalentes –Bachelor, Master y Ph.D.– sólo el primero tiene una duración establecida de cuatro años. [Con todo ello] se pretende formular políticas universitarias comunes [a toda la Unión Europea], para lo cual se requieren muchas reuniones, muchos viajes, muchos documentos, mucho dinero: todo inútil. No es posible elevar y homogeneizar la calidad de las universidades por medidas legislativas y políticas. Harvard y Stanford, dos de las cinco mejores universidades del mundo, son muy distintas y han desarrollado su excelencia y tradiciones propias de forma autónoma, sin que ningún Gobierno o instancia política interviniese en dicho desarrollo.»

Podemos comparar a España con Corea, que arrancó desde cero al terminar la guerra (1950-53) y ahora tiene dos universidades (una privada y una pública) entre las 100 mejores del mundo. «Esta evolución extraordinaria fue gracias a la voluntad de cambiar las cosas por parte del Gobierno y de la industria; Corea pasó de ser un país en vías de desarrollo a una de las naciones líderes mundiales en industrias de alta tecnología. Corea se planteó: ¿no son estadounidenses las mejores universidades del mundo? Pues fundemos una o dos universidades siguiendo este modelo. Pidieron ayuda al Gobierno de EE.UU. que envió a Fred Terman (1900-1980), vicepresidente jubilado de Stanford y conocido como el padre de Silicon Valley; Terman evaluó el proyecto del KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) e informó al Gobierno coreano de sus recomendaciones: que el Instituto no estuviera bajo el control del Ministerio de Educación, que se abolieran los títulos oficiales (es decir, los títulos son concedidos y refrendados por la universidad y no por el Gobierno) y autogobierno de la universidad con autonomía plena para el nombramiento de profesores y selección de estudiantes. Esto fue lo realmente difícil: tener el coraje y la voluntad política para implementar las recomendaciones de Terman y renunciar al control político y burocrático de la universidad. Los coreanos en los años sesenta, con una sociedad mucho menos desarrollada que la española, tuvieron el coraje de intentar la creación de universidades investigadoras de nivel internacional al margen de su sistema universitario convencional.»

«Las universidades anglosajonas de élite (privadas y públicas) tienen seis características fundamentales: (1) son instituciones sin fines de lucro; (2) tienen plena independencia del poder político; (3) se financian con dinero público y privado; (4) no expiden títulos oficiales; (5) los profesores no son funcionarios y se nombran de acuerdo con normas propias de la universidad; y (6) reclutan a profesores y alumnos con talento sin considerar su origen nacional. Estas seis características tienen una importancia profunda, son condiciones necesarias para que una universidad pueda alcanzar la excelencia mundial.»

«La Junta de Gobierno, órgano ejecutivo único de la universidad, desarrolla e implanta políticas autónomas y flexibles de contratación del profesorado basadas en el mérito. Los nombramientos de profesores permanentes (associate professors o full professors con tenure) se hacen por medio de un proceso riguroso y transparente. La esencia de este proceso es un sistema de control que impide que cualquier departamento o facultad pueda nombrar a un profesor permanente, ya que los nombramientos están sujetos a la aprobación de la Junta de Gobierno, la cual tiene y ejerce un poder de veto inapelable sobre los mismos. En las universidades americanas de élite se exige que los profesores permanentes sean investigadores de nivel internacional. Las necesidades de docencia son cubiertas por los profesores permanentes y por los profesores ayudantes (assistant professors). Estos últimos obtienen un nombramiento tenure track –es decir, con posibilidad de ascenso– por un periodo estipulado de entre tres y cinco años, durante los cuales tienen la oportunidad de demostrar su potencial como investigadores. Si dan el nivel, se les nombra profesor permanente; en caso contrario, su contrato se extingue. Este modelo se conoce como “up or out” (o asciendes en el periodo estipulado o fuera). No se conoce un medio mejor para desarrollar y captar el talento investigador joven.»

«La capacidad de las universidades de atraer profesores de reputación internacional es uno de los indicadores de su calidad. Esta característica no puede existir en países como Alemania, Francia y España, en donde los profesores son funcionarios.» Además, «en las universidades anglosajonas de élite, los alumnos son admitidos por un proceso riguroso de selección basado en el mérito, porque la calidad de los alumnos también es determinante para asegurar la calidad de una universidad. En Harvard y Stanford son admitidos alrededor del 7% de los solicitantes para los estudios de grado (Bachelor). Una vez admitido en Harvard por el sistema de blind admissions (en donde no se considera el nivel económico del solicitante), el estudiante recibe una beca a su medida que depende de la renta familiar. En las universidades públicas europeas (Alemania, Francia, España) todos los alumnos que tengan el título correspondiente de secundaria son admitidos en la universidad más próxima a su domicilio, aunque hay selección según la carrera elegida.»

En opinión de José Canosa, «la solución del problema universitario español empieza por la creación de una universidad pública o privada siguiendo el modelo anglosajón. En el presente, las universidades públicas están reguladas por el Gobierno central en algo tan esencial como es el sistema de nombramiento y promoción del profesorado. Esto, por definición, no puede funcionar. El control político de la Universidad y la investigación españolas mantiene al país en un callejón sin salida. Los estatutos de Harvard o Stanford no aparecen en ningún Boletín Oficial; de hecho Harvard no tiene estatutos, sólo un sistema de gobierno que data de la mitad del siglo XVII y que sigue vigente sin ninguna modificación.»

«Una universidad de élite tiene que gozar de un autogobierno pleno, contar con los mejores profesores y alumnos posibles y tener un nivel de financiación adecuado. El sistema de gobierno de Harvard fue establecido en 1650. Consta de dos organismos, la Junta de Gobierno integrada por el presidente, el tesorero y cinco asociados más (fellows) que se designan The President and Fellows of Harvard College o the Corporation; los cinco fellows no cobran y tienen puestos en otras universidades o en el sector privado. Lo peculiar de este organismo es que se perpetúa a sí mismo; sus miembros son vitalicios y, cuando se produce una vacante (por dimisión –lo normal– o por fallecimiento), ellos mismos nombran al substituto, y así durante 360 años. Todas las decisiones importantes de the Corporation tienen que ser aprobadas por el otro organismo de gobierno, the Board of Overseers (Junta de Control), que consta de 30 miembros elegidos por sufragio de los ex-alumnos para mandatos de duración fija.»

«Una universidad de élite debe tener aproximadamente el mismo número de estudiantes de grado y de posgrado (máster y doctorado), como es el caso, por ejemplo, en el California Institute of Technology (Caltech). Tiene aproximadamente el mismo número de estudiantes que hace 35 años: 967 de grado y 1.208 de posgrado, unos 2.175 en total. El número de profesores es 1.201, es decir, un profesor por cada dos alumnos. El total del personal no docente se eleva a 2.600, por lo que hay 1,7 empleados (docentes y no docentes) por estudiante. Este supremo despliegue de medios ha dado sus frutos: 31 premios Nobel ganados por sus profesores a lo largo de la historia. Caltech es el exponente máximo de que en las universidades los números no hacen la fuerza.»

«El problema al que se enfrenta España en el ámbito universitario es principalmente político y de organización institucional, no es económico. Lo que hay que hacer es adoptar la organización, sistemas de gobierno y valores de las universidades estadounidenses, porque son las mejores del mundo. Es una cuestión de voluntad y coraje políticos, y en menor grado de medios económicos.»

¿Qué opinas al respecto de las ideas de José Canosa? Usa los comentarios si te apetece.

El postdoc, entre el continuo de la ciencia y las rémoras del pasado

Acabas tu tesis doctoral y aún quedan pendientes varios manuscritos por escribir y enviar a publicar, sin embargo, tu primer contrato como postdoc requiere que trabajes en otro tema diferente. ¿Cómo compartir tu tiempo entre las nuevas obligaciones y las rémoras del pasado? La carrera investigadora no tiene solución de continuidad y no puedes permitirte el lujo de no publicar nada el primer año de tu postdoc (otros lo harán y serán más competitivos); la única opción es continuar con los temas de tu doctorado, pero en tu nuevo contrato te pagan por trabajar en otra cosa diferente. Esto se agrava si tras un postdoc de un par de años te ves obligado a cambiar de nuevo y pasar a otro postdoc diferente en busca de una posición académica estable. La ciencia y las publicaciones tienen mucha inercia y el dilema del postdoc es una losa pesada sobre sus hombres. Nos lo ilustra muy bien Gaston Small, «The postdoc dilemma,» Nature 483: 235 (08 March 2012).

Gastón dice que siendo predoctoral escuchó a un profesor titular afirmar que no quería contratar postdocs porque «se pasan todo su tiempo escribiendo artículos de su trabajo de tesis.» Gastón se prometió a sí mismo que cuando fuera postdoc no dejaría que la escritura de las rémoras de su tesis doctoral le perturbaran en su investigación de laboratorio; nos confiesa en Nature que le está siendo imposible lograrlo. El reto para el postdoc es compaginar su trabajo con su carrera científica.

Gastón nos confiesa que publicó seis artículos de su trabajo de tesis, pero que acabó con un gran peso de consciencia, varios manuscritos pendientes de finalizar. Cada uno representa el resultado de su colaboración con otros científicos durante el inicio de su carrera y, aunque le da prioridad al trabajo relacionado con su puesto actual, dedica los momentos de calma a la revisión de dichos manuscritos antiguos que tiene encolados. ¿Es ético que un postdoc dedique parte de su tiempo a trabajar en otros proyectos que ya no pagan su salario? Gastón le preguntó a su supervisor del postdoc quien le dijo que no se preocupara, que le pasa a todo el mundo y él sabía que este caso no sería una excepción cuando le contrató.

Gastón confiesa que cuando inició su doctorado tenía una noción romántica de la investigación: discusiones acaloradas entre colegas delante de un café o con una cerveza, gráficos dibujados detrás de servilletas y pizarras llenas de ecuaciones. La realidad ha sido muy diferente. Los profesores titulares con los que tenido contacto siempre están ocupados: con un deadline al cuello de forma permanente, escribiendo propuestas de financiación, reuniones de comités, preparando clases e impartiendo tutorías, etc. Una pesada rutina que no deja tiempo para reflexionar sobre las grandes ideas o poner al día la cola de artículos viejos cuya escritura hay que finalizar.

Gastón acaba con una anécdota ilustrativa. La semana pasada recibió un e-mail de un estudiante de doctorado con el que colaboraba cuando él también lo era. Quería saber en qué estado estaba la escritura del manuscrito que ambos firmaban y que le había enviado para su revisión antes de su envío a una revista. Gastón se dio cuenta de que ni siquiera había abierto el archivo con el artículo, que recibió hace 14 meses. Promete en Nature que intentará hacerlo.

Una lectura obligada: «Carta Europea del Investigador. Código de conducta para la contratación de investigadores»

Gracias a Marisa Alonso Nuñez (@lualnu10) me he enterado de la existencia de la «Carta Europea del Investigador» que yo no conocía, pero debería conocer. Te recomiendo leerlo, merece la pena. Permíteme unos extractos de este documento.

Estabilidad y permanencia en el empleo. «Los empleadores y/o financiadores deben velar por que el rendimiento de los investigadores no se vea socavado por la inestabilidad de los contratos de empleo, y deben por tanto comprometerse, en la medida de lo posible, con la mejora de la estabilidad de las condiciones laborales de los investigadores, aplicando y respetando las disposiciones y principios establecidos en la Directiva comunitaria relativa al trabajo de duración determinada.»

Financiación y salarios. «Los organismos que emplean y/o financian investigadores deben velar por que éstos gocen de condiciones de financiación y/o salariales justas y atractivas con disposiciones de seguridad social adecuadas y equitativas (incluyendo prestaciones por enfermedad y paternidad, derechos de pensión y subsidio de desempleo) de conformidad con la legislación nacional vigente y con los convenios colectivos nacionales o sectoriales. Este principio debe aplicarse a los investigadores en todas las etapas de su carrera, incluidos aquellos en la fase inicial, de forma proporcional a su situación jurídica, rendimiento, su nivel de cualificaciones y/o sus responsabilidades.»

Libertad de investigación. «Los investigadores deben centrar su labor en el bien de la humanidad y la expansión de las fronteras del conocimiento científico.»

Responsabilidad profesional. «Los investigadores deben hacer todo lo posible para garantizar que su labor sea relevante para la sociedad y no duplique otra realizada previamente por otros. La necesidad de validar nuevas observaciones demostrando que los experimentos pueden repetirse no debe interpretarse como plagio siempre que se citen explícitamente los datos a confirmar. En caso de delegar algún aspecto de su labor, los investigadores deben velar por que la persona en quien se delega está capacitada para llevarlo a cabo.»

Relación con los supervisores. «Los investigadores en fase de formación deben mantener una relación estructurada y regular con sus supervisores y los representantes de la facultad o departamento en que trabajan para aprovechar plenamente su contacto con ellos. Esto incluye el mantener registros de todos los resultados y hallazgos de los trabajos de investigación, la obtención de reacciones mediante informes y seminarios, la aplicación de dicha retroalimentación y el avance en los trabajos según calendarios acordados, objetivos fijados, presentación de resultados y/o productos de la investigación.»