La recomendación más importante del comité de expertos respecto a los órganos de gobierno de las universidades es reforzar el papel del Rector, que será elegido y responderá ante el Consejo de la Universidad. Los demás órganos de gobierno reducirán su tamaño y, si fuera necesaria, se unificarán entre sí todos los “pequeños.” Además, recomiendan un catálogo de títulos a nivel nacional, un mínimo de alumnos por título y una reducción general de las dimensiones del sistema. En general, las recomendaciones parecen razonables, aunque será muy difícil que la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) acepte sin más estos cambios. Un punto a destacar es que los expertos afirman que ha sido un grave error la implantación de títulos de duración 4+1 en lugar de los anteriores 3+2, como han hecho otros países europeos, pero que no se puede volver atrás pues el coste sería demasiado alto. En cuanto a la financiación, como es obvio, hay que incrementarla y racionalizarla, facilitando la inversión privada y el mecenazgo. Yo destacaría el incentivo a las becas-préstamo, poco habituales en nuestro país. Permíteme unos extractos.
“Los órganos de gobierno universitario son muchos y con demasiados miembros; como resultado, los procesos de toma de decisión son largos, costosos y poco eficientes. [Hay que] mejorar y agilizar el proceso de rendición de cuentas y la profesionalidad de la gestión. Esta Comisión de Expertos cree que las universidades que opten por las reformas recomendadas progresarán más y más velozmente que las que no lo hagan. La reducida financiación de las universidades es un problema, pero no es el único problema. El cambio más significativo que se propone es la sustitución del Consejo de Gobierno y del Consejo Social por un único órgano, el Consejo de la Universidad, que es el que elige al Rector, cuya autoridad se refuerza. La figura del rector con poderes reforzados permitirá una universidad pública mucho más ágil, científica y eficaz, de la que se beneficiará la sociedad en general y los estudiantes. La cuestión no es, pues, si una universidad debe ser pública o privada para ser excelente: tal alternativa es una falacia. Lo que las mejores universidades tienen en común es un rector con capacidad ejecutiva, con notable autonomía financiera y de contratación y que, finalmente, responde ante la sociedad en su conjunto y no sólo ante los intereses de los colectivos internos de su propia Universidad. El Rector será un académico designado directamente por el Consejo de la Universidad, ante el que responde. Se recomienda que la elección del rector sea precedida de un anuncio internacional de búsqueda de candidatos, estando el cargo abierto tanto a académicos españoles como a extranjeros.”
“La Comisión considera que es esencial reducir su número, tamaño y sus atribuciones. Debe tenderse a una mayor profesionalización de las tareas de la gestión universitaria. Debe evitarse la creciente dedicación del PDI a tareas burocráticas. El PDI está asumiendo cada vez más competencias administrativas que no le son propias, en detrimento, por tanto, de la docencia y la investigación que constituyen su tarea fundamental. Se recomienda que los Departamentos universitarios se mantengan como unidades de docencia e investigación, en uno o varios ámbitos del conocimiento y en uno o varios centros. Se recomienda que su tamaño sea mayor que el actual, produciéndose fusiones si fuera necesario. En cualquier caso, se recomienda que la existencia de un departamento esté justificada por su calidad científica.”
Coincido con la comisión en que “muchos de los problemas del SUPE no se hubieran producido si España hubiera mantenido “para Bolonia” su tradicional estructura 3+2, la seguida por la mayoría de los países europeos. La reorganización de los estudios universitarios en 4 años (grado)+1 año (máster), ha sometido a las universidades a considerables tensiones para adaptarse a la nueva estructura 4+1, que aún perduran. Las actuales circunstancias de agotamiento de las universidades, producidas por esa reforma aún no concluida, aconsejan ser prudentes a la hora de realizar cambios en este aspecto. La elección para España del modelo 4+1, además de alejarnos de esos países en lugar de converger con ellos, ha planteado algunos problemas adicionales, especialmente para las carreras más largas y las que tienen una proyección profesional regulada (como las enseñanzas técnicas). Los ingenieros e ingenieros técnicos encuentran dificultades para que el nivel académico de sus títulos sea reconocido en cualquier país para el correspondiente ejercicio profesional. Lo mismo se puede decir de otras profesiones. Pese a todo, no parece aconsejable proponer en estos momentos un regreso general de los estudios al modelo 3+2, porque la tensión a la que se ha sometido al sistema universitario con el actual proceso de cambio (que dura ya más de cuatro años) ha conducido a un considerable agotamiento de la comunidad universitaria.”
La comisión “recomienda el establecimiento de un registro nacional de títulos universitarios en colaboración con las Comunidades Autónomas, que la ANECA simplifique el sistema actual de acreditación de títulos (programa VERIFICA), favorecer una reducción, reorganización o fraccionamiento del sistema de títulos, así como una reordenación de sus facultades, escuelas y departamentos, con el fin de racionalizar y maximizar el buen uso de los recursos existentes. Para evitar la multiplicidad excesiva de títulos se propone establecer un número mínimo de alumnos para que pueda impartirse un determinado título (fijado a escala nacional, flexible, distinto en función de las distintas clases de títulos, y adaptado a la demanda habitual).
“En España, los recursos financieros destinados en la actualidad a la educación superior son menores que los de los países de ese entorno. El 80% de la financiación actual de las universidades públicas españolas procede de fondos públicos, dato muy similar al observado en Francia, Bélgica, Irlanda o Portugal. [Sin embargo,] en Reino Unido sólo un 35% es de origen público, semejante al porcentaje de otros países de la OCDE como EEUU o Japón. La financiación para el sistema público universitario español debe ser: mayor, estable y que permita y garantice su desarrollo de forma planificada y sostenida. A pesar del entorno económico actual, la previsible evolución apunta al incremento de los recursos privados.”
El círculo vicioso de la universidad ha sido “la oferta docente, la principal herramienta de captación de nuevos recursos de PDI o de apoyo (PAS) que, a su vez, exigían la ampliación de la oferta docente y la búsqueda de nuevos recursos de PDI y PAS. Esto ha producido un despliegue territorial de enseñanzas plagado de duplicaciones y de títulos artificiales muy semejantes. El poco énfasis en la investigación no sólo ha perjudicado la misión investigadora de la universidad, sino que de forma indirecta ha fomentado la ineficiencia de su función docente. Pero redimensionar el sistema es un objetivo fácil de enunciar pero difícil de abordar.” La comisión recomienda a las administraciones públicas: 1) estimar la oferta universitaria por áreas a medio y largo plazo; 2) adoptar medidas para impulsar un reducido conjunto de universidades que puedan competir en el marco internacional; 3) y que las Comunidades Autónomas revisen la oferta global de sus universidades en el grado y el postgrado, analizando el equilibrio de la oferta y la demanda junto con indicadores objetivos de calidad, teniendo una especial sensibilidad con los estudios culturalmente estratégicos.”
Todos estaremos de acuerdo con la comisión en la “necesidad de una financiación pública suficiente, sostenible y estable basada en criterios de calidad y eficiencia. El gasto medio por estudiante universitario en España (unos 10.000 euros por curso) es superior al promedio de la OCDE, lo que no significa que el sistema universitario esté bien financiado en su conjunto.” La comisión recomienda “vincular la financiación asociada a la docencia de cada universidad a la empleabilidad de sus propios titulados, de forma que se cree así un incentivo adicional para mejorar la calidad de sus programas docentes.” También recomienda “establecer normas de permanencia para los alumnos y asegurar su cumplimiento evitando estancias prolongadas en los centros universitarios (teniendo en cuenta la dedicación parcial de estudiantes que simultaneen trabajo y estudios).” Así como una “mejora y ampliación de la política de becas y diversificación de los ingresos de las universidades.” El énfasis lo ponen en “las becas‐préstamo: 1) préstamos directos financiados por el gobierno, 2) préstamos indirectos financiados por el sector privado y garantizados por el gobierno, y 3) préstamos universales basados en los ingresos familiares.” Finalmente, proponen “una generosa Ley de Mecenazgo extendida a actividades científicas sería una excelente iniciativa para captar capital (business angels) para las universidades.”
La próxima y última entrada sobre el informe estará dedicada al voto particular de dos miembros de la comisión.
